por: Luis Granados
Ya es suficiente, es inminente la perdida de la república si se prolonga el desastre actual, vivimos en una Venezuela inviable, todo es un caos que nos lacera día a día. Quienes gobiernan como quienes nos representan en los órganos de representación, o mejor, quienes integran los órganos del los poderes públicos e instituciones, incluida la Fuerza Armada, CNE, TSJ etc, no cumplen con sus responsabilidades y competencias, y peor, violan reiteradamente la Constitución Nacional a la que están sujetos y deben acatar, como norma y fundamento supremo del ordenamiento jurídico nacional, puesto que la razón y existencia de los mismos deriva del mandato soberano del pueblo, en quien reside intransferiblemente la soberanía que ejercemos directamente en la forma prevista en la constitución y leyes, e indirectamente mediante el sufragio y por los órganos que ejercen el Poder Publico, Art. 5 y 7 constitucionales.
Siendo los ciudadanos depositarios de la soberanía nacional, dueños de nuestro país y constituimos el poder originario de Venezuela, hagamos uso y ejercicio irrenunciable de los Derechos Humanos conforme al principio de progresividad, sin discriminación alguna y de los derechos políticos a participar en las iniciativas legislativas, constitucionales y constituyentes; Derechos Humanos y políticos que el Estado debe garantizar su ejercicio, su respeto y garantía plena por parte de los órganos del poder público, conforme a la constitución y tratados suscritos por la república, art. 19 y 70 constitucionales.
Ahora bien, voceros calificados del régimen y de oposición agrupados en la MUD, han manifestado públicamente con asombroso desprecio al padecimiento humano del venezolano e inocultable apego a sus intereses grupales o individuales, que este gobierno, muerto el revocatorio, debe llegar al termino natural del periodo en el 2019, esto corrobora lo que la Alianza Nacional Constituyente ha venido señalando a la MUD y a los venezolanos, que la ruta de la enmienda, reforma, renuncia, abandono del poder, opciones contempladas o no en la constitución en las que el régimen pueda tener injerencia mediante los poderes secuestrados del TSJ y CNE, morían al nacer, como ha sucedido, era iluso activarlas. En consecuencia asistir a las reiteradas y diversas convocatorias que hemos apoyado en masivas marchas y concentraciones, como en heroicas jornadas electorales, que como espejismos políticos se desvanecen, configurando un irrespeto mas a la ciudadanía, pues en nada positivo terminan, generando frustración y desesperanza creciente. A menos que existan razones particulares o grupales distintas al interés supremo nacional, que convenga a los convocantes para llegar hasta el final del periodo, como se está evidenciando, sacrificando ante el desastre en que vive la república, la mayoritaria aspiración de inminente cambio nacional.
Ya es suficiente, el país vive un militarismo que ocupa todos los espacios de competencia ciudadana con abandono total de los que le son propios ejercer de resguardo y protección de la soberanía popular e integridad territorial; un país secuestrado por nacionales y extranjeros que cual mafias, carteles o bandas delincuenciales, ocupan y controlan para su interés y beneficio la institucionalidad y la población, conduciéndonos al desastre que vivimos. Y es así, miles son las denuncias de violaciones y atropellos que sufrimos, sin que los inconmovibles órganos encargados de aplicar ley y castigo actúen ejemplarmente, haciendo lucir el símbolo de la justicia como un remedo vulgar y grotesco.
Ya es suficiente, la crisis nos reta a darnos un nuevo pacto social que cambie el modelo centralista, rentista y militarista actual y descentralice el poder y dé a las regiones y municipios autonomía para la planificación de su desarrollo y atribuciones que le son propias, hoy secuestradas por el poder central, reducir sustancialmente el poder del ejecutivo nacional de extralimitadas competencias y el mandato presidencial e ir a una sola reelección, establecer la doble vuelta electoral y elección del vicepresidente, volver a un congreso bicameral, reingeniería total de la Fuerzas Armadas, invertir la castrante e irrespetuosa distribución del situado constitucional, que asigna un 80% al poder central y un máximo del 20% a los estados y municipios y transferirles los ingresos por concepto de impuestos a las ventas y operaciones comerciales, regionalizar la justicia, la educación, la salud, en todos sus niveles y asegurar estas dos últimas con dividendos provenientes de la industria petrolera y minera de la nación; aah! y establecer fuertes y ejemplares penalidades a incursos directos y testaferros en corrupción y violación de la constitución y leyes de la república. Todas estas materias y más, deben ser contempladas y precisadas de manera concreta en la nueva constitución promovida por el poder originario del pueblo soberano y un autentico liderazgo consustanciado con un Nuevo Proyecto de País, fieles representantes de los sectores que integran la sociedad venezolana y regiones del país.
Es el momento de asumir la Sociedad Civil, con firme determinación el liderazgo del país y convocar por iniciativa popular una nueva asamblea constituyente de carácter originaria; y hacerlo porque la extralimitación, omisión o desviación que han hecho los representantes de la población en todos los órganos e instituciones del poder público en el ejercicio de sus atribuciones, ha colocado a la población en general en un estado de indefensión ante los mismos y la ha subsumido en la mayor pobreza, inseguridad de personas y bienes, violación de sus derechos humanos y políticos, crisis humanitaria que abarca la salud, alimentación, educación, vivienda y servicios en general, sumiendo al país en un estado de inviabilidad total.
Es el momento de asumir la Sociedad Civil, con firme determinación el liderazgo del país y convocar por iniciativa popular una nueva asamblea constituyente de carácter originaria; y hacerlo porque la extralimitación, omisión o desviación que han hecho los representantes de la población en todos los órganos e instituciones del poder público en el ejercicio de sus atribuciones, ha colocado a la población en general en un estado de indefensión ante los mismos y la ha subsumido en la mayor pobreza, inseguridad de personas y bienes, violación de sus derechos humanos y políticos, crisis humanitaria que abarca la salud, alimentación, educación, vivienda y servicios en general, sumiendo al país en un estado de inviabilidad total.
Ya es suficiente, NO tenemos que buscar una SALIDA estrictamente electoral o coyuntural de cambiar a un mesías por otro o un rey por otro, o poner a unos cuantos príncipes al frente de gobernaciones que no dispondrán de recursos con gobiernos paralelos como en Miranda y Alcaldía Mayor de Caracas con su alcalde preso, eso prolonga la crisis. NO, se trata de dar una SOLUCION promovida por los ciudadanos, que NO responda a acuerdos hechos a espaldas de las grandes mayorías para mantener prebendas, SOLUCION que contemple un CAMBIO profundo y radical del modelo centralista, rentista y militarista actual, por un modelo auténticamente Federal o Descentralizado, inspirado y soportado por un Nuevo Proyecto de País, proyecto que la Alianza Nacional Constituyente ha puesto a disposición de los venezolanos para su consideración. No hacerlo, nos expone a revivir en pocos años la agonía actual, con un nuevo mesías chavista. ¡CUIDADO!..
La posibilidad cierta de darnos esa Solución, la contempla la constitución en su art.347 que nos da la potestad siguiente: "El pueblo de Venezuela es el depositario del Poder Constituyente Originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución". Es decir que tenemos la potestad constitucional, de convocar a esa asamblea, y como tal ningún órgano del poder público ni ninguna norma o ley vigente, incluida la actual constitución la puede normar o codificar, ¡atención!, esto incluye al CNE y TSJ; en consecuencia es el mismo pueblo convocante quien se da su propias Bases Constituyentes y Comisiales que lo normen y los órganos supra constitucionales necesarios para dirigir el proceso constituyente hasta el momento de la elección de los constituyentistas y su instalación, y como legitima y suprema representación de la soberanía nacional puede a partir de ese momento dirigir los destinos del país, tomando las decisiones pertinentes al respecto que incluye, despues de su instalación, el cambio del actual régimen por un gobierno de transición y todas aquellas que garanticen la ruta hacia la necesaria Refundación de Venezuela y a la vez elaborar por espacio de unos seis meses la nueva Constitución y convocatoria a elecciones generales bajo los designios de la nueva Constitución. Para convocarla el poder originario, es decir, por los ciudadanos y no por el poder constituido, el art. 348 constitucional, establece que se requiere la recolección del 15% de las firmas de los venezolanos inscritos en el Registro Electoral y Civil.
La Alianza Nacional Constituyente, es un Movimiento de Movimientos, ha elaborado el Proyecto Pais Venezuela Reconciliada via Constituyente, Las Bases Constituyentes y Comiciales, Planilla de Recolección de Firmas para la convocatoria por Iniciativa Popular, Manuales, Talleres, Propuesta Organizativa y viene constituyendo en todos los ámbitos del país las Juntas Activadoras del Proceso Constituyente Originario JAPCO, encargadas de organizar y promover esta iniciativa a nivel nacional. De manera que podemos señalar que una vez recogido el 15% de las firmas exigidas como mínimo, en cuatro meses se organiza y se elige los constituyentistas, se instala la Asamblea Nacional Constituyente, y de inmediato empiezan sus funciones y toma de decisiones que no podrán ser impedidas en forma alguna por los poderes constituidos y el presidente debe acatar la nueva constitución a partir de su publicación en la Gaceta Nacional y la de la Asamblea Nacional Constituyente. Art. 349 Const. Ante cualquier desacato, legislación, interferencia, objeciones o régimen que contrarié las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente o a la Nueva Constitución, activaremos el art. 350 constitucional y la solidaridad del mundo democrático por la defensa de nuestros derechos humanos y políticos.
Debemos unirnos todos en torno a la mesa del verdadero dialogo, dialogo autentico y de solución a la crisis que nos avasalla, acudiendo a la fuente de las leyes que no es otra que el Pueblo Soberano a quien por deber y por derecho como depositarios de la soberanía y del poder originario, de acuerdo a los artículos 5, 7, 70, 347, 348, 349 y 350 constitucionales, le corresponde darse un nuevo país, un nuevo ordenamiento jurídico y una nueva constitución. Dialogo que nos convoca a todos desarrollarlo en torno a la mesa de un proceso constituyente originario, que permita traer al presente el futuro que aspiramos para nuestra Venezuela, convocado por iniciativa popular, como lo establece los Artículos 347 y 348 constitucionales y dispongamos de una nueva constitución, cuyo incumplimiento, extralimitaciones, o desviaciones sean fuerte y penalmente castigadas, por tribunales probos e independientes que en condiciones de rectitud y responsabilidad ante el soberano administren justicia.
Dejemos atrás y para siempre la condición de simples HABITANTES de un territorio, para ser sujetos de ciudadanía plena con deberes y derechos que cumplir y ejercer. Tenemos la palabra seamos CIUDADANOS.
