En
nuestro mundo político, conformado a través de 200 años de historia republicana
y de 26 constituciones, relacionadas casi en su totalidad, a ideas provenientes
de caudillos improvisados orientados dentro de un poder político centralizado,
han impuesto un modelo donde se hace creer que los únicos “autores políticos”
son los partidos políticas y aquellos que representan al Estado o al gobierno.
El “pueblo”, como se identifica a la masa que conforma la sociedad civil,
quienes son los que reciben directamente las consecuencias de sus acciones,
malas o buenas, no son relevantes en términos políticos. A ese pueblo nunca se le concedió un rol
importante y jamás ha sido considerado como el verdadero protagonista de
nuestro mundo político. Solo hasta hace 60 años (menos de 3 generaciones) se le
asignó el derecho del sufragio universal. Chávez intentó, bajó el argumento que
el poder originario reside en el pueblo, otorgar ciertas prerrogativas en la
constitución del 99, como son los referéndums, pero él mismo se encargó de imposibilitar su uso.
Cuando
estudiamos esa historia política y analizamos la causa del porque no hemos
logrado un progreso justo y equitativo para todos nuestros compatriotas, se
concluye que, aun con el petróleo, en ese tiempo no hemos sido capaces de establecer
instituciones básicas que funcionen en provecho de todos. Hoy está claro que la
única manera de conseguir instituciones justas y equitativas es mediante la
participación de una sociedad democrática, o sociedad civil, desempeñando su
papel político en el ejercicio de gobierno. Ese rol solo puede ser ejercido
dentro de reglas de juego de una democracia pluralista. John Rawls (1921-2002)
un reconocido filosofo político moderno, en su libro “Justicia como Equidad”,
expresaba: “la concepción más moderna de justicia es la idea de una sociedad,
como un sistema equitativo de cooperación
social entre la gente, de una generación
a la próxima”. Lo anterior se centra en dos premisas fundamentales: La idea
de ciudadanos como personas libres e iguales, y la idea de cimentar una
sociedad bien ordenada donde tengan cabida esas instituciones básicas, reguladas
por una concepción política de justicia de la propia gente y no de una
autoridad superior, sean éstas laicas o religiosas. Esta concepción de justicia
es más asertiva en la medida que la gente desarrolle a través del tiempo, más
cultura política democrática de generación en generación, cuando los ciudadanos
aprendamos que siendo solidarios en la cooperación social se logran más
ventajas reciprocas que de no hacerlo. Rawls agrega que esta posición de justicia
como equidad debe estar regulada por una justificación compartida entre
nosotros adquirida a través de un equilibrio reflexivo, alcanzado mediante esa
cultura política que cuando se somete al debate entre ciudadanos libres e
iguales, logra alcanzar los consensos envolventes mayoritarios necesarios, en
políticas justas y equitativas. En otras palabras, somos nosotros los
ciudadanos los que impulsamos los cambios mediante un largo proceso que toma
generaciones, siempre y cuando, se ejercite bajo democracias pluralistas y
preceptos constitucionales que reconozcan que somos nosotros, organizados como
sociedad civil, únicos signatarios de ese contrato social, y como tales
principales protagonistas de la política, y NO el Estado o los partidos. En
nuestro caso se tienen que cambiar la concepción constitucional tradicional
donde se garantice el protagonismo de los ciudadanos en la política, dando la
vuelta a una estructura del poder hacia un Estado realmente descentralizado y
que establezca partidos políticos conectados a la sociedad civil y no a masas
prostituidas, como medio para acentuar el populismo. En mi humilde opinión es
un primer paso, largamente postergado, si deseamos encaminar a la republica
hacia el progreso y bienestar de todos, bajo instituciones básicas sólidas,
sostenibles en el tiempo. Así alcanzaríamos la primera constituyente salida
del consenso envolvente de la sociedad civil mayoritaria.
Las
posiciones opuestas a este planteamiento arguyen razones tales como: “Para que
una nueva constitución si la que tenemos es buena”; ¡Es una idea descabellada!;
“Para que más constituyentes vendidas como una panacea para luego, igual que
hizo Chávez, ésta sea utilizada como instrumento para crear ilusiones en
personas resistidas a cultivar virtudes ciudadanas”. “Es un camino largo y tortuoso que
necesariamente pasa por un CNE controlado por el PSUV”. Para muchos otros no resuelve
el problema más inmediato y prioritario que es “salir del régimen”.
En
mi criterio la constitución del 99 no es balanceada y no está bien concebida pero abre oportunidades
para superar la crisis y el caos de ingobernabilidad. Desde su convocatoria a
una asamblea constituyente, la cual nunca fue el reflejo fiel de la sociedad
civil. En sus fundamentos no se establecen cuestiones esenciales
en una democracia moderna, como definir “la separación de poderes” y
como, no mencionar la representatividad, tan unida a la participación para dar
valor a la sociedad civil. El termino “sociedad civil” solo se menciona en la selección de miembros del CNE (Art 296). En
una enmienda termina con la alternabilidad de los poderes de elección popular,
base fundamental de la democracia. Aun cuando hace hincapié a un estado
descentralizado (Art 158), esto no se refleja en el texto y es así como no le
concede autonomía y autarcía financiera a las regiones. Para muestra observamos
como el Art 156 enumera 33 competencias
del Poder Nacional, contra 11 del Poder Estatal (Art164) y solo 8 del Poder
Municipal (Art 178).
Creo
que estamos ante una oportunidad única de “matar dos pájaros de un tiro”. En la
actualidad el país democrático, representado en la MUD, se enfoca en lograr una
mayoría de representantes en las
elecciones de la Asamblea Nacional. Las
encuestan confirman las grandes posibilidades de alcanzar ese objetivo. De ser
así, y por sobre todo, de no lograrse la mayoría de las 2/3 partes en la
Asamblea, o si ante una derrota cantada, Maduro, declarando un estado de
excepción, decide hacer uso de la ley habilitante para suspender o posponer
estas elecciones, se despejaría el camino para activar lo establecido en los
artículos 347, 348 y 349; en particular el 347 el cual dice así. “El pueblo de Venezuela es el depositario
del poder constituyente originario. En
ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente
con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y
redactar una nueva constitución”. El Articulo 348 permite convocar a esa
Asamblea con el 15% del electorado, menos de 3.000.000 de firmas. Chávez
utilizó su Asamblea del 99 para disolver los poderes constituidos de ese
entonces. Como bien dice el dicho: “Lo que es igual no es trampa”. Por primera
vez y debido a su pésima gestión de gobierno, el chavismo perdió su base popular
de legitimación y de sustentación
electoral. Ellos son los que están contra las cuerdas, no nosotros. No será
fácil, pero políticamente posible solo bajo una dirigencia opositora unida y
decidida.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario